Bogotá, febrero 13 de 2026. Tras la decisión del Consejo de Estado de suspender de manera provisional el Decreto 1469 de 2025, que fijó el salario mínimo para 2026, los principales gremios empresariales del país pidieron respetar el fallo judicial, actuar con prudencia y permitir que se surtan los mecanismos institucionales previstos en la ley.
La suspensión, de carácter cautelar, no define aún la legalidad del decreto, pero obliga al Gobierno nacional a rehacer el proceso de fijación del salario mínimo con base en los criterios técnicos y constitucionales establecidos en la Ley 278 de 1996.
En comunicados públicos, organizaciones empresariales coincidieron en que la determinación del salario mínimo debe realizarse con sustento técnico, equilibrio social y seguridad jurídica, dada su incidencia directa sobre el empleo, la inflación, la sostenibilidad empresarial y el poder adquisitivo de los hogares.
La alianza de gremios y asociaciones empresariales Aliadas hizo un llamado a la “calma operativa” y al respeto por el Estado de Derecho. Señaló que Colombia cuenta con instancias tripartitas diseñadas para adoptar este tipo de decisiones con base en criterios objetivos como la meta de inflación del Banco de la República, la productividad certificada por el DANE, el crecimiento del PIB, la inflación real del año anterior y la contribución de los salarios al ingreso nacional.
Diálogo y consenso
Según esta organización, la coyuntura debe convertirse en una oportunidad para fortalecer la transparencia institucional y reafirmar la importancia de decisiones económicas basadas en fundamentos técnicos.
Por su parte, el Consejo Gremial Nacional recordó que el auto del Consejo de Estado es una medida preventiva y no una decisión definitiva sobre la legalidad del decreto. En ese sentido, reiteró su respeto por las altas cortes y destacó que la fijación del salario mínimo es una decisión de alto impacto macroeconómico.
El Consejo Gremial advirtió que el incremento del salario mínimo influye directamente en variables como el empleo formal, la inflación, la sostenibilidad fiscal y la competitividad empresarial, por lo que debe adoptarse de manera equilibrada y con una visión de largo plazo.
Además, enfatizó que cualquier determinación debe proteger los derechos de los trabajadores sin desconocer la realidad económica del país, marcada por retos como la informalidad laboral, el crecimiento moderado y las presiones inflacionarias.
Incertidumbre jurídica
Los gremios insistieron en la necesidad de retomar el diálogo técnico e institucional entre Gobierno, empresarios y trabajadores para lograr consensos responsables que fortalezcan la confianza y la estabilidad económica.
Mientras se resuelve de fondo la demanda, el país entra en un escenario de incertidumbre jurídica frente al salario mínimo de 2026, lo que ha generado llamados a la prudencia para evitar impactos negativos sobre la contratación laboral y las decisiones empresariales.
Las organizaciones empresariales reiteraron su disposición a participar en los espacios de concertación y subrayaron que el bienestar de los trabajadores debe mantenerse como eje central, junto con la sostenibilidad económica y la generación de empleo formal.