Bogotá, febrero 16 de 2026. El Gobierno nacional, los empresarios y las centrales obreras coincidieron en defender el incremento del 23,7 % del salario mínimo para 2026, pese a la suspensión provisional del decreto que lo fijó, ordenada por el Consejo de Estado.
La posición fue expuesta durante una sesión extraordinaria de la Comisión Permanente de Concertación de Políticas Salariales y Laborales, convocada tras el auto judicial que dejó sin efectos temporales el Decreto 1469 de 2025, al considerar que no se explicó de manera suficiente la ponderación de los criterios establecidos en la Ley 278 de 1996, entre ellos inflación, productividad y crecimiento económico.
El ministro del Trabajo, Antonio Sanguino, señaló que el Gobierno acatará la decisión judicial y expedirá un nuevo decreto transitorio en un plazo máximo de ocho días, tal como lo ordenó el alto tribunal. Sin embargo, explicó que en la comisión se evidenció una postura mayoritaria a favor de mantener el incremento ya decretado.
“Empresarios y centrales sindicales coincidieron en que no debe modificarse el porcentaje actual, para evitar incertidumbre en el mercado laboral y en la economía”, afirmó el funcionario.
Por su parte, el ministro de Hacienda, Germán Ávila, manifestó la preocupación del Ejecutivo por el impacto del aumento salarial sobre las pequeñas y medianas empresas, y anunció que se evalúa un paquete de medidas para apoyar el empleo formal, incluyendo líneas de crédito de fomento y posibles mecanismos de compensación.
Fenalco advierte riesgos para el empleo formal
En contraste, la Federación Nacional de Comerciantes (Fenalco) expresó su desacuerdo con la posibilidad de mantener o incluso aumentar el salario mínimo en 23,7 %. El gremio alertó que un ajuste de esta magnitud podría poner en riesgo más de 700.000 empleos formales y dificultar el acceso al trabajo para cerca de 2,1 millones de desempleados y más de 13 millones de trabajadores informales.
El presidente de Fenalco, Jaime Alberto Cabal, indicó que el nuevo decreto debe ajustarse estrictamente a los parámetros técnicos definidos por la ley y a fuentes estadísticas oficiales, sin reabrir la discusión sobre cifras ya consolidadas.
“El Consejo de Estado fue claro: el nuevo decreto no puede repetir el contenido del anterior y debe explicar de manera verificable cómo influyen variables como inflación y productividad en el porcentaje final”, sostuvo.
El gremio también advirtió que más de un millón de micro y pequeñas empresas, que representan el 93 % del tejido empresarial del país, enfrentarían serias dificultades para asumir el incremento salarial en un contexto de altos costos operativos y presiones inflacionarias.
Un debate con implicaciones económicas y sociales
Mientras el Gobierno insiste en que el aumento busca proteger el poder adquisitivo de los trabajadores, Fenalco sostiene que un salario mínimo desproporcionado puede generar efectos adversos, como mayor informalidad y presión sobre los precios en sectores sensibles como transporte, alimentación y salud.
En los próximos días, el Ejecutivo deberá expedir el decreto provisional que reemplace al suspendido, mientras avanza el análisis de fondo del Consejo de Estado sobre la legalidad del aumento salarial para 2026. La decisión final será clave para definir el rumbo del mercado laboral en un año marcado por tensiones fiscales y económicas.