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ANIF alerta: Borrador de decreto pensional pondría en riesgo $25 billones y la estabilidad de las finanzas públicas

El riesgo del “ahorro agotado” Según ANIF, la medida implica el movimiento inmediato de $25 billones. El riesgo principal es que estos recursos dejen de fortalecer el Fondo de Ahorro del Pilar Contributivo (FAPC), diseñado para financiar las pensiones futuras.

Bogotá, febrero 26 de 2026. El Centro de Pensamiento Económico (ANIF) manifestó su profunda preocupación por el reciente borrador de decreto publicado por el Ministerio del Trabajo. 

La norma obligaría a las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) a trasladar a Colpensiones la totalidad de los ahorros de los afiliados que se acogieron a la oportunidad de traslado, en un plazo no mayor a 15 días hábiles.

El riesgo del “ahorro agotado”

Según ANIF, la medida implica el movimiento inmediato de $25 billones. El riesgo principal es que estos recursos dejen de fortalecer el Fondo de Ahorro del Pilar Contributivo (FAPC), diseñado para financiar las pensiones futuras. 

“Esos recursos que hoy se están ahorrando para pagar las pensiones mañana, se usarían para cubrir obligaciones actuales, por lo que el fondo se agotaría más rápido”, señala el comunicado.

Choque en los mercados financieros

La advertencia no es solo pensional, sino macroeconómica. A enero de 2026, el 35% de los activos de las AFP están invertidos en deuda pública (TES). Un traslado masivo y repentino de recursos obligaría a una venta forzada de estos títulos para obtener liquidez, lo que generaría:

  1. Una caída en el precio de los bonos de deuda.
  2. Un aumento en las tasas de interés.
  3. Una presión innecesaria sobre las finanzas del Estado.

Un posible vicio de legalidad

ANIF sostiene que el borrador de decreto contradice el parágrafo del artículo que permitió los traslados. Dicha norma establece que los recursos deben seguir siendo administrados por las AFP hasta que el afiliado consolide su derecho a la pensión (cumpla edad y semanas). 

“Esta disposición tiene fuerza de Ley y no puede ser desconocida por un decreto”, advierte el centro de pensamiento.

Finalmente, ANIF hace un llamado al Gobierno Nacional para que revalúe esta medida, advirtiendo que, aunque los derechos individuales de los afiliados no se verían afectados de inmediato, la sostenibilidad del sistema a largo plazo quedaría seriamente comprometida.

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