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Emergencia climática en Colombia: Gobierno propone impuesto al patrimonio empresarial para financiar recuperación de $8 billones

Pese a los alivios, el Gobierno Nacional subrayó que persisten retos estructurales.

Bogotá, febrero 24 de 2026. El Ministerio de Hacienda y Crédito Público presentó un balance crítico sobre el impacto del frente frío y la ola invernal en el país. 

Con un costo de reconstrucción estimado en $8 billones, el Ejecutivo busca implementar un esquema de financiación extraordinaria mediante decretos de emergencia, enfocándose en la alta capacidad contributiva de los sectores financiero y energético.

El saldo de la tragedia

El reporte oficial arroja datos alarmantes sobre la magnitud del choque climático en ocho departamentos:

  • Afectación humana: 69.000 familias damnificadas y 10 víctimas mortales.
  • Infraestructura: Más de 4.100 viviendas destruidas y daños severos en puentes, acueductos, escuelas y centros de salud en 61 municipios.
  • Sector agro: Cerca de 20.000 hectáreas de cultivos se han perdido, lo que amenaza la seguridad alimentaria regional.

El nuevo impuesto al patrimonio para personas jurídicas

Ante la necesidad de liquidez inmediata, el Gobierno Nacional propone un gravamen temporal al patrimonio de las empresas:

  1. Tarifa General (0,5%): Para personas jurídicas con patrimonio líquido superior a 200.000 UVT (aprox. $10.474 millones).
  2. Tarifa Diferencial (1,6%): Aplicable exclusivamente a los sectores financiero y minero-energético. Según Hacienda, estas dos actividades aportarán el 56% del recaudo total esperado.

Paquete de alivios de la banca

En respuesta a la crisis, el sector financiero anunció medidas de choque para los deudores en zonas de desastre:

  • Periodo de gracia: 12 meses sin causación de intereses.
  • Protección del historial: Se conservará la calificación crediticia de los afectados.
  • Suspensión de cobros: La medida incluye incluso a quienes ya presentaban mora en sus obligaciones.

Desafíos en la recuperación productiva

Pese a los alivios, el Gobierno Nacional subrayó que persisten retos estructurales. Se ha solicitado a las entidades financieras reducir las tasas de interés para la “economía popular”, argumentando que el Fondo Nacional de Garantías ya cubre hasta el 90% del riesgo.

Asimismo, se busca que el crédito rural se articule con la reforma agraria para asegurar que la entrega de tierras cuente con capital semilla para la producción.

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