Bogotá, marzo 3 de 2026. El panorama fiscal de Colombia enfrenta una semana decisiva tras el fuerte cruce de posturas entre el Ejecutivo y la Procuraduría General de la Nación.
El debate gira en torno a la constitucionalidad del Decreto 1390 de 2025, mediante el cual el Gobierno declaró la emergencia económica para atender, entre otros puntos, la crisis en el Catatumbo y la sostenibilidad de la deuda pública.
La defensa de la Casa de Nariño
El presidente Gustavo Petro calificó de “miope” la posición del ente de control. Su argumento central se basa en la aritmética financiera del Estado: una economía que crece al 2,6% no puede soportar una tasa real de interés del 5%. Esta brecha, sumada a un déficit primario de $65,7 billones, es la que el mandatario busca intervenir mediante facultades extraordinarias.
Petro también lanzó críticas directas al Banco de la República por su política monetaria y a las altas cortes por frenar iniciativas de recaudo tributario dirigidas a sectores de mayores ingresos.
Según el mandatario, existe un “sendero de insostenibilidad” construido por la oposición para generar una crisis financiera generalizada.
Los argumentos de la Procuraduría
El concepto radicado por el procurador general, Gregorio Eljach, ante el magistrado Carlos Camargo, es tajante en señalar que el Gobierno está utilizando la figura de emergencia para cubrir gastos ordinarios. Para la Procuraduría, rubros como:
- Financiamiento del sector defensa.
- Presupuesto de la Unidad Nacional de Protección (UNP).
- Pago de sentencias judiciales y obligaciones atrasadas.
No cumplen con los requisitos de excepcionalidad para ser incluidos en el decreto. No obstante, el Ministerio Público se mostró a favor de la exequibilidad en los temas de aseguramiento en salud, reconociendo la urgencia en este sector.
Medidas de austeridad y plazos legales
El jefe de Estado recordó que su administración ya ejecutó un recorte de gastos por $16 billones como muestra de rigor fiscal. En su declaración, solicitó formalmente a la Corte Constitucional levantar la medida cautelar que mantiene suspendida la emergencia.
El alto tribunal tiene hasta el 16 de abril para emitir un fallo definitivo. De la decisión de los magistrados dependerá no solo la atención humanitaria en el Catatumbo, sino el margen de maniobra del Gobierno para renegociar las condiciones de la deuda pública.