Bogotá, marzo 24 de 2026. El Consejo Gremial Nacional lanzó una alerta sobre el impacto económico de las medidas adoptadas por el Gobierno mediante los decretos legislativos 173 y 240 de 2026, que establecen un impuesto al patrimonio para las empresas.
En un comunicado a la opinión pública, el gremio aseguró que el país está a pocos días de enfrentar un deterioro económico sin precedentes, derivado de la carga tributaria y los efectos sobre la actividad productiva.
Impacto fiscal y presión sobre empresas
Según el Consejo Gremial, el impuesto al patrimonio para personas jurídicas implicaría una carga cercana a los $8,3 billones, lo que considera insumible para el sector productivo, especialmente por los cortos plazos establecidos para su pago.
El gremio advirtió que esta situación podría llevar a las empresas a: endeudarse, vender activos y aplazar proyectos
Estas decisiones tendrían efectos directos sobre el empleo, las cadenas productivas y el dinamismo económico.
Riesgos para la inversión y el empleo
El pronunciamiento señala que muchas empresas podrían no contar con la liquidez suficiente para cumplir con el impuesto, lo que aumentaría el riesgo de cierres y quiebras.
Además, advierte que la medida afecta el flujo de caja, incluso en compañías sin utilidades, lo que limita la inversión en un contexto de desaceleración.
Cuestionamientos constitucionales
Desde el punto de vista jurídico, el Consejo Gremial plantea dudas sobre la constitucionalidad de la medida, al considerar que las decisiones en estados de emergencia deben estar directamente relacionadas con la crisis que buscan atender.
También cuestiona que el impuesto se haya establecido por decreto, lo que, según el gremio, reduce el debate democrático que requieren reformas tributarias de este alcance.
Llamado a la Corte Constitucional
El gremio solicitó a la Corte Constitucional actuar con celeridad, evaluar las medidas y considerar su suspensión provisional, con el fin de evitar impactos graves sobre el aparato productivo, el empleo y la economía.
Asimismo, enfatizó en la necesidad de garantizar la seguridad jurídica y la estabilidad económica del país.