Bogotá, enero 13 de 2026. La Federación Nacional de Departamentos (FND), en representación de los 32 gobernadores del país, expresó su rechazo al Decreto Legislativo 1474 del 29 de diciembre de 2025, expedido por el Gobierno Nacional en el marco del estado de emergencia económica, y que modifica el impuesto al consumo de licores, vinos, aperitivos, cigarrillos y tabaco elaborado.
En una carta enviada al ministro de Hacienda y Crédito Público, Germán Ávila Plazas, los mandatarios regionales advirtieron que el decreto vulnera la autonomía fiscal de los departamentos, tiene efectos negativos sobre sus finanzas y pone en riesgo la financiación de sectores estratégicos como la salud, la educación y el deporte.
Según la FND, aunque la Constitución Nacional autoriza al Gobierno a adoptar medidas extraordinarias durante un estado de emergencia, estas deben cumplir con los principios de necesidad, proporcionalidad y conexidad, y no pueden alterar de manera estructural el régimen de rentas territoriales. A juicio de los gobernadores, el decreto excede esos límites al intervenir de forma directa en impuestos que no hacen parte del Presupuesto General de la Nación 2026.
“El impuesto al consumo es una renta cedida a los departamentos, no un ingreso nacional. Por lo tanto, no puede justificarse su modificación con el argumento de equilibrar las finanzas del Gobierno central”, señala el documento, que recuerda que estos recursos se destinan principalmente a la financiación de servicios públicos esenciales en las regiones.
La FND advierte que el impuesto al consumo representa cerca del 47% de los ingresos tributarios departamentales. En ese contexto, imponer un esquema tarifario rígido, con incrementos significativos y sin margen de adaptación territorial, compromete la sostenibilidad fiscal de los departamentos y profundiza el centralismo fiscal. Actualmente, la Nación recauda el 81% de los impuestos del país, mientras que los departamentos solo participan con el 5%.
Más impuestos, más ilegalidad
Uno de los puntos más críticos señalados por los gobernadores es el impacto del decreto sobre el contrabando. En el caso de los cigarrillos, el comercio ilegal alcanzó en 2024 el 36%, el nivel más alto desde 2011. Estudios citados por la FND indican que cada aumento del 10% en el impuesto genera un incremento del 7% en las ventas ilegales. Solo el año pasado, las regiones dejaron de recaudar cerca de $1 billón por este fenómeno.
La situación es similar en el mercado de licores, donde se estima que el 22% del consumo corresponde a productos de contrabando o adulterados, con impactos tanto fiscales como de salud pública.
Para los gobernadores, elevar el piso del impuesto al consumo —hasta $750 por grado alcoholimétrico más un componente ad valorem del 30%— reduce de manera significativa la capacidad de los departamentos para gestionar su monopolio rentístico y diseñar políticas acordes con sus realidades locales.
Vacíos técnicos
El documento también cuestiona vacíos técnicos del decreto, como la falta de claridad en el cálculo del recaudo adicional, la ausencia de lineamientos operativos para su implementación inmediata y la ambigüedad en el tratamiento tributario de nuevos productos derivados del tabaco, como los dispositivos electrónicos.
“La búsqueda de recursos adicionales para atender una coyuntura fiscal no puede hacerse a costa del debilitamiento del Estado descentralizado”, concluye la carta firmada por los gobernadores.
En ese sentido, la FND solicitó al Ministerio de Hacienda y Crédito Público replantear las medidas y propuso la instalación de una mesa de trabajo para construir alternativas que no afecten la autonomía territorial ni las finanzas regionales.