Bogotá, enero 22 de 2026. La Asociación Nacional de Empresas Generadoras (ANDEG) alertó sobre los efectos del Decreto 044 de 2026, expedido en el marco de la emergencia económica declarada por el Gobierno.
Según el gremio, las nuevas medidas tributarias impuestas a las compañías de generación eléctrica ponen en riesgo la estabilidad financiera del sector y la continuidad del servicio.
El Decreto establece una contribución parafiscal sobre la utilidad antes de impuestos de las empresas generadoras, con un recaudo estimado de $300.000 millones.
Alejandro Castañeda, presidente de ANDEG, dijo que el Decreto establece una contribución parafiscal sobre la utilidad antes de impuestos de las empresas generadoras, con un recaudo estimado de $300.000 millones.
Para ANDEG, esta medida afecta de manera desproporcionada las utilidades de las compañías, especialmente cuando aún mantienen acreencias con la empresa intervenida Air-e, que superan los $1,2 billones, además de otras obligaciones por cerca de $500.000 millones en la cadena energética.
Adicionalmente, el Decreto contempla una contraprestación tributaria transitoria para los generadores hidráulicos, que consiste en entregar un porcentaje de la energía vendida en bolsa para garantizar la continuidad del servicio en empresas intervenidas, a cambio de un descuento en el impuesto de renta.
ANDEG considera que esta disposición introduce distorsiones en el modelo de prestación del servicio y no ofrece una solución estructural a la crisis de Air-e en Atlántico, Magdalena y La Guajira.
El presidente de ANDEG, Alejandro Castañeda, afirmó que el Decreto “resulta confiscatorio y presenta serios vicios de ilegalidad, pues compromete la suficiencia financiera de los agentes generadores y les traslada la carga de asumir deudas que no les corresponden”.
Además, pidió una pronta actuación de la Corte Constitucional en la revisión del Decreto 1390 de 2025 y del Decreto 044 de 2026, por sus efectos nocivos sobre la sostenibilidad del sector eléctrico y la credibilidad institucional.
ANDEG advierte que estas medidas podrían desincentivar la inversión y poner en riesgo la confiabilidad del sistema eléctrico colombiano, que durante décadas ha garantizado la continuidad del servicio.