Bogotá, enero 26 de 2026. El Consejo Gremial Nacional y Fenalco presentaron ante la Corte Constitucional una intervención formal, solicitando declarar la inexequibilidad del Decreto Legislativo 1390 del 22 de diciembre de 2025, mediante el cual el Gobierno Nacional declaró el Estado de Emergencia Económica y Social en todo el territorio colombiano.
La solicitud, dirigida al magistrado sustanciador Carlos Ernesto Camargo Assis, argumenta que el decreto no cumple con los requisitos constitucionales exigidos por el artículo 215 de la Constitución y la Ley Estatutaria 137 de 1994.
Según Fenalco, el Gobierno no acreditó adecuadamente los presupuestos fácticos, valorativos y de suficiencia que justificarían la declaratoria de emergencia.
Entre los puntos críticos señalados por Fenalco se destacan:
• Ausencia de firma válida de todos los ministros competentes, lo que vulnera los requisitos formales del decreto.
• Fundamentación basada en hechos estructurales y previsibles, como el déficit fiscal, el incumplimiento de sentencias judiciales, y la insuficiencia de recursos para subsidios, que no constituyen hechos sobrevinientes ni extraordinarios.
• Uso de órdenes judiciales como justificación, lo cual, según Fenalco, representa una distorsión del equilibrio de poderes, al tratar decisiones legítimas de la Rama Judicial como anomalías que justificarían poderes excepcionales del Ejecutivo.
• Falta de identidad entre las causas invocadas y las medidas adoptadas, lo que debilita el juicio de proporcionalidad y necesidad exigido por la jurisprudencia constitucional.
La intervención también cuestiona que el decreto traslade a la Corte la carga de justificar la emergencia, en lugar de presentar una motivación suficiente desde el acto mismo de la declaratoria.
Por su parte, el Consejo Gremial Nacional, en cabeza de su presidenta ejecutiva, Natalia Gutiérrez, en un documento de 45 páginas, sostiene que el Decreto 1390 no cumple con las exigencias formales como la firma de todos los ministros ni con los presupuestos fáctico, valorativo y de suficiencia.
Los gremios concluyen que el Decreto 1390 no supera los estándares constitucionales de excepcionalidad, necesidad y proporcionalidad, y solicita a la Corte declarar su inexequibilidad en defensa del orden institucional y del principio de legalidad.