Medellín, enero 15 de 2026. En una decisión sin precedentes que escala la tensión entre las regiones y el Gobierno Nacional, el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón Cardona, ha anunciado que su departamento no acatará las medidas tributarias impuestas mediante el decreto de emergencia económica.
Esta movida jurídica y política se basa en la aplicación de la “excepción de inconstitucionalidad”, una figura amparada en el artículo cuarto de la Constitución de 1991. Según el mandatario regional, cualquier autoridad administrativa puede recurrir a esta herramienta cuando una norma sea desproporcionada o vulnere los principios constitucionales y las competencias legislativas del Congreso.
El golpe al bolsillo de los ciudadanos y las finanzas regionales
Para entender la magnitud de esta decisión, el gobernador Rendón ha puesto cifras claras sobre la mesa. El mayor impacto se centra en el impuesto al consumo de licores. De aplicarse el decreto presidencial, el precio de una botella de aguardiente de 750 ml —producto insignia de la región— se dispararía, pasando de $40.000 a $60.000 debido a la nueva carga impositiva.
Pero el efecto no es solo para el consumidor. En términos de recaudo, la Fábrica de Licores de Antioquia (FLA) tendría que transferir al gobierno central más de $720.000 millones durante este año. Rendón sostiene que estos recursos, en lugar de centralizarse en Bogotá, deberían permanecer en el departamento o en los entes territoriales donde se comercializan los productos para financiar el desarrollo local.
Un hueco fiscal de $1,5 billones
El análisis financiero de la Gobernación de Antioquia es alarmante. Entre los nuevos gastos derivados del decreto del salario mínimo y las cargas de la emergencia económica, el departamento enfrenta una afectación total cercana a los $1,5 billones.
El gobernador califica estas medidas como un avance del centralismo que asfixia la autonomía regional. “Si no optamos por los instrumentos que nos da la Constitución para defender la separación de poderes, estaríamos desobligando las funciones que nos otorgaron los ciudadanos”, afirmó el mandatario ante los medios.
¿Qué sigue en esta batalla legal?
La decisión de Antioquia ya es un hecho. El gobernador confirmó que antes de finalizar este mes expedirá el acto administrativo que detallará los fundamentos de esta inaplicabilidad. Esta medida operará de manera indefinida hasta que la Corte Constitucional emita un fallo de fondo sobre la legalidad de los decretos de emergencia.
El gobernador Rendón no está solo en esta cruzada. Actualmente se encuentra liderando una cumbre extraordinaria de gobernadores para exponer este camino jurídico y buscar que otros departamentos se sumen a la iniciativa de no recaudar estos tributos para la Nación, defendiendo así el presupuesto de las regiones.