Bogotá, enero 16 de 2026. La Cámara Colombiana de la Infraestructura (CCI) expresó su preocupación por la decisión del Gobierno nacional de reducir las vigencias futuras asignadas a dos proyectos estratégicos para el desarrollo del país, una medida que, según el gremio, pone en riesgo inversiones cercanas a $1 billón y debilita la confianza en los contratos de infraestructura.
De acuerdo con la CCI, los recortes afectan la vía Mulaló–Loboguerrero, en el Valle del Cauca, con una disminución cercana a $340.000 millones, y el proyecto de restauración de los ecosistemas degradados del Canal del Dique, con una reducción aproximada de $636.000 millones. Ambas iniciativas están priorizadas en el Plan Nacional de Desarrollo y son consideradas clave para la competitividad, la integración regional y el crecimiento económico del país
Proyectos clave en riesgo
El gremio señaló que la reducción de recursos compromete la ejecución de obras fundamentales para el suroccidente colombiano y la región Caribe.
En el caso de Mulaló–Loboguerrero, se trata de una vía estratégica para mejorar la conexión del Valle del Cauca con el puerto de Buenaventura.
Por su parte, el proyecto del Canal del Dique es considerado esencial para la recuperación ambiental y la protección de comunidades vulnerables en la región Caribe.
Decisión unilateral
Uno de los puntos más críticos señalados por la CCI es la forma en que se adoptó la decisión. Según el gremio, un decreto expedido el 29 de diciembre de 2025 estableció que las vigencias futuras solo podían modificarse con el acuerdo entre las partes. Sin embargo, apenas dos días después, el Gobierno habría procedido a reducir de manera unilateral los recursos, pese a que las propias reglas del Ejecutivo exigían el consentimiento de los concesionarios
Para la CCI, esta actuación transgrede los lineamientos fijados por el mismo Gobierno, afecta la seguridad jurídica de los contratos y abre la puerta a riesgos legales y financieros para la Nación.
Llamado al Gobierno
Ante este escenario, la CCI exhortó al Gobierno nacional a restablecer las vigencias futuras previstas para 2025 y a garantizar el cumplimiento de los compromisos adquiridos en proyectos que considera esenciales para el desarrollo económico y social del país.
Finalmente, el gremio lanzó una advertencia: en caso de que no se honren los compromisos de pago, los funcionarios responsables podrían enfrentar eventuales sanciones disciplinarias y fiscales, dadas las implicaciones legales de modificar unilateralmente contratos de infraestructura
La controversia se da en un momento clave para el sector, que reclama estabilidad normativa y financiera para asegurar la continuidad de las inversiones en infraestructura y el cierre de brechas regionales en Colombia.