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CCI advierte riesgos por posible terminación anticipada de Autopistas del Café

Autopistas del Café es una concesión de primera generación, vigente hasta 2027, con cumplimiento contractual del 100%

Bogotá, enero 23 de 2026. La Cámara Colombiana de la Infraestructura (CCI), presidida por Juan Martín Caicedo Ferrer, lanzó una advertencia sobre los riesgos institucionales, jurídicos y económicos que se derivan del anuncio del Gobierno nacional respecto a una eventual terminación anticipada del contrato de concesión de Autopistas del Café.

El gremio señaló que intervenir unilateralmente un contrato vigente, con obligaciones cumplidas y resultados positivos, genera incertidumbre y compromete la seguridad jurídica de la contratación pública. 

Concesión va hasta 2027

Autopistas del Café es una concesión de primera generación, vigente hasta 2027, con cumplimiento contractual del 100%, calificaciones técnicas superiores y sin requerimientos de recursos públicos. Además, ha ejecutado obras adicionales por $310.000 millones en coordinación con la ANI y los departamentos del área de influencia.

Caicedo Ferrer enfatizó que “los contratos de concesión no son instrumentos discrecionales, son acuerdos jurídicamente vinculantes que deben respetarse mientras estén vigentes y cumplan con las condiciones pactadas”.

Pérdida de seguridad jurídica

El proyecto ha sido clave para la integración del Eje Cafetero, la generación de más de 56.000 empleos directos e indirectos y el fortalecimiento de sectores como turismo, agroindustria, comercio y logística. También ha reducido tiempos de desplazamiento, costos operativos y siniestralidad vial, con efectos tangibles en la competitividad regional.

La CCI advirtió que una terminación anticipada sin causal legal objetiva activaría cláusulas contractuales de compensación e indemnización a cargo del Estado, con impacto directo en las finanzas públicas y la planeación presupuestal. Además, recordó que decisiones sin sustento técnico o jurídico podrían derivar en investigaciones fiscales, disciplinarias y penales contra los funcionarios responsables.

Finalmente, el gremio reiteró que el respeto por los contratos es una obligación del Estado y una garantía para los ciudadanos. La estabilidad jurídica, señaló, es esencial para la inversión de largo plazo y el desarrollo regional.

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