Bogotá, enero 22 de 2026. Con miras a las elecciones de Congreso y Presidencia de la República de 2026, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) anunció que ya está lista para orientar y vigilar el cumplimiento de las obligaciones tributarias relacionadas con la financiación de las campañas electorales.
La entidad confirmó su participación activa en la Comisión Nacional para la Coordinación y Seguimiento de los Procesos Electorales, específicamente en la Subcomisión de Financiación de Campañas, encargada de prevenir el uso indebido de recursos públicos, fortalecer los controles sobre ingresos y gastos y promover el control social sobre la actividad política.
Las elecciones legislativas se realizarán el 8 de marzo y las presidenciales el 31 de mayo de 2026, un calendario que ya activa los mecanismos de control fiscal y transparencia.
Una guía para ordenar la financiación política
Como parte de su estrategia, la DIAN elaboró una guía técnica sobre el manejo de las obligaciones tributarias en campañas electorales, dirigida a todos los actores del proceso: candidatos, partidos y movimientos políticos, tribunales seccionales de garantías, gerentes y tesoreros de campaña, grupos significativos de ciudadanos y promotores del voto en blanco.
El objetivo central es unificar criterios y reducir riesgos de incumplimiento en un momento crítico para la democracia y las finanzas públicas.
“La subcomisión tiene como función prevenir el uso indebido de recursos públicos y fortalecer los controles sobre las fuentes de financiación y los gastos de campaña”, señala el comunicado oficial.
Principales obligaciones fiscales
El documento de la DIAN detalla los principales deberes tributarios que deberán cumplir quienes participen en la contienda electoral.
Entre ellos, la inscripción y actualización obligatoria en el Registro Único Tributario (RUT) antes del inicio de actividades de campaña; la declaración de ingresos y patrimonio para los partidos y movimientos políticos reconocidos por el Consejo Nacional Electoral; y el cumplimiento de las normas de facturación electrónica cuando se vendan bienes o se presten servicios gravados.
También se incluyen las obligaciones como agentes retenedores, que implican practicar y declarar mensualmente las retenciones en la fuente, así como el reporte de información exógena, conforme a la Resolución 162 de 2023 y sus modificaciones.
Tratamiento de las donaciones
Uno de los puntos más sensibles es el tratamiento fiscal de las donaciones.
La guía aclara que los aportes destinados exclusivamente a la financiación de campañas no constituyen renta ni ganancia ocasional, siempre que cumplan los requisitos legales y cuenten con la certificación correspondiente.
Este aspecto es clave para evitar el ingreso de recursos de origen irregular y para garantizar que los aportes sean debidamente registrados y fiscalizados.
Un control interinstitucional
La Comisión Nacional para la Coordinación y Seguimiento de los Procesos Electorales está integrada por 13 entidades públicas y es presidida por el Ministerio del Interior.
Su función es garantizar el normal desarrollo de los procesos electorales, el cumplimiento de las garantías electorales y la protección de los derechos y deberes de los partidos y movimientos políticos.
En este esquema, la DIAN cumple un papel estratégico como autoridad tributaria, encargada de cerrar espacios a la evasión, el lavado de activos y el uso indebido de recursos en política.
Transparencia como eje del proceso electoral
Con esta guía, el Gobierno busca anticiparse a uno de los principales riesgos de los procesos electorales: la financiación irregular.
Para la DIAN, una correcta gestión tributaria en las campañas no solo protege el recaudo, sino que fortalece la confianza ciudadana en el sistema democrático.
En un año electoral clave, el mensaje es claro: la financiación política estará bajo estricta vigilancia fiscal, y los actores que incumplan sus obligaciones enfrentarán sanciones administrativas y penales.