Bogotá, enero 26 de 2026. La Superintendencia Nacional de Salud advirtió que los recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSSS) presentan una afectación aproximada de $2,6 billones como consecuencia de 291 medidas cautelares de embargo vigentes a corte del 22 de enero de 2026.
El informe técnico se elaboró a partir de la información reportada por las Entidades Promotoras de Salud (EPS) mediante ejercicios de autorreporte y, según la entidad, representa un riesgo significativo para la sostenibilidad financiera del sistema y para la garantía efectiva del derecho fundamental a la salud.
De acuerdo con la Supersalud, estas medidas judiciales comprometen el flujo oportuno de los recursos destinados al pago de hospitales, clínicas, proveedores de medicamentos y demás actores de la red de prestación de servicios, lo que puede impactar directamente la atención de los usuarios.
Regiones con mayor número de embargos
Desde una perspectiva territorial, el análisis evidenció que Bogotá D.C., Antioquia —en especial el municipio de Concordia—, Bolívar (Cartagena) y Caquetá (Florencia) concentran el mayor número de procesos de embargo registrados sobre recursos del sistema de salud.
En cuanto a la concentración por actores del sector, Nueva EPS y Coosalud EPS presentan la mayor participación en el valor total afectado por estas medidas cautelares, derivadas de demandas interpuestas por prestadores públicos y privados de servicios de salud.
La Superintendencia explicó que esta situación refleja tanto el volumen de procesos judiciales en curso como la magnitud económica de las reclamaciones acumuladas en contra de estas entidades.
Naturaleza de los recursos de la salud
La entidad reiteró que los recursos del SGSSS tienen naturaleza pública, parafiscal y de destinación específica, por lo que deben utilizarse exclusivamente para la financiación de la atención en salud y la sostenibilidad del sistema.
En ese sentido, recordó que existe una regla general de inembargabilidad de estos recursos, con excepciones puntuales y de aplicación restrictiva, definidas por la jurisprudencia constitucional. Este criterio fue reiterado en el Concepto Unificado emitido por la Superintendencia el pasado 19 de enero.
Llamado a fortalecer la gestión de los procesos judiciales
El análisis consolidado de los embargos puso de manifiesto la necesidad de fortalecer de manera urgente la gestión jurídica, administrativa y financiera relacionada con estos procesos, así como de mantener un seguimiento permanente al impacto que generan sobre la ejecución presupuestal y la destinación específica de los recursos públicos del sistema de salud.
La Superintendencia Nacional de Salud hizo un llamado a todas las autoridades competentes, tanto de la rama judicial como del sector salud, para proteger de manera integral los recursos destinados a la atención de los afiliados.
Finalmente, la entidad reiteró que su labor de inspección, vigilancia y control estará enfocada en salvaguardar los recursos del sistema, los cuales están dirigidos exclusivamente a garantizar la prestación de los servicios de salud y la sostenibilidad financiera del sector.