Bogotá, enero 14 de 2026. La Federación Nacional de Comerciantes (Fenalco) presentó ante el Consejo de Estado una demanda de nulidad y solicitud de suspensión provisional urgente contra el Decreto 1469 de 2025, mediante el cual el Gobierno fijó el salario mínimo para 2026 con un incremento del 23,7%.
El gremio argumenta que la decisión del Ejecutivo desconoce el marco legal y constitucional vigente, al sustituir las variables obligatorias para la fijación del salario mínimo —como inflación, productividad, PIB y participación de los salarios en el ingreso nacional— por el concepto de “salario vital”, basado en referentes de la OIT sin carácter vinculante.
Fenalco también cuestiona que se haya desconocido la competencia exclusiva del DANE para definir y certificar la canasta del IPC, elemento esencial para medir la inflación en el país.
Se perderían 772.000 empleos
Según Jaime Alberto Cabal, presidente de Fenalco, el decreto no explica de manera clara cómo se pasó de variables económicas que justificaban un ajuste del 6,21% a un incremento del 23,7%, sin sustento técnico suficiente. El gremio advierte que, de mantenerse la medida, podrían perderse alrededor de 772.000 empleos y cerrarse miles de mipymes.
Fenalco sostiene que la aplicación del decreto generaría impactos irreversibles, como presiones inflacionarias adicionales, pérdida de empleo formal, aumento de la informalidad, afectación del aparato productivo y deterioro de las finanzas públicas. Por ello, solicitó al Consejo de Estado suspender de inmediato la medida mientras se adelanta el análisis judicial.
“Esta no es una discusión contra los trabajadores, que se verán seriamente afectados por la inflación generada como consecuencia de la medida. Es una defensa del Estado de Derecho y de la estabilidad económica del país”, concluyó Cabal, quien pidió que prevalezca el interés general sobre los intereses políticos del Gobierno.