Bogotá, enero 15 de 2026. El Ministerio de Vivienda y la Superintendencia de Industria y Comercio avanzan en un proyecto de decreto para proteger a los compradores de Vivienda de Interés Social (VIS) y Prioritario (VIP), ante prácticas que trasladan de forma automática el aumento del salario mínimo a los precios de los inmuebles.
El Gobierno nacional anunció una nueva medida para proteger la estabilidad de los precios de la vivienda de interés social, luego de identificar aumentos desproporcionados asociados al alza del salario mínimo. A través de un proyecto de decreto, actualmente en consulta pública, se busca limitar los ajustes de precio de la VIS a la evolución real de los costos de construcción, y no al incremento anual del salario mínimo.
La iniciativa es liderada por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, en coordinación con la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), y tiene como objetivo garantizar los derechos de los consumidores, promover la transparencia en el mercado inmobiliario y brindar mayor seguridad jurídica a los hogares que buscan adquirir vivienda.
De acuerdo con el Gobierno, el proyecto armoniza el tope máximo del valor de la VIS en 135 salarios mínimos mensuales legales vigentes, tal como lo establece el Plan Nacional de Desarrollo. Sin embargo, aclara que la medida no constituye un control de precios, sino un mecanismo de protección al comprador frente a incrementos injustificados.
Precio pactado en pesos, desde el inicio
Uno de los puntos centrales del proyecto es reafirmar que el precio total de la vivienda debe pactarse en pesos colombianos desde el inicio del proceso, ya sea en la separación del inmueble, la promesa de compraventa o el encargo fiduciario. Esto implica que no podrán aplicarse indexaciones automáticas ligadas al salario mínimo, una práctica que se ha vuelto recurrente en algunos proyectos.
La medida cobra especial relevancia en 2026, tras el aumento del salario mínimo del 23%, que podría generar incrementos abruptos en el valor final de la vivienda si se traslada de forma directa a los contratos.
Advertencia a constructoras y comercializadoras
El proyecto de decreto también señala como conductas contrarias a los derechos del consumidor prácticas como:
- No informar el precio de la vivienda en pesos colombianos.
- Dilatar la firma de contratos para trasladar aumentos del salario mínimo a los compradores.
- Incluir cláusulas contractuales que generen desequilibrios injustificados en perjuicio del consumidor.
Desde la SIC se advierte que publicar precios en salarios mínimos u otras unidades distintas a la moneda legal puede inducir a error, dificultar la comparación entre ofertas y vulnerar el derecho a una información clara y verificable.
Recomendaciones para los compradores
Las autoridades reiteraron a la ciudadanía que:
- El precio informado es el único que el comprador está obligado a pagar.
- Los precios no pueden modificarse solo por el paso del tiempo.
- Las cláusulas abusivas en contratos de adhesión son ineficaces de pleno derecho.
El proyecto de decreto estará en consulta pública hasta el 24 de enero de 2026, y el Gobierno invitó a ciudadanos, gremios y actores del sector a participar en el proceso.