Medellín, febrero 5 de 2026. El Tribunal Administrativo de Antioquia declaró un incidente de desacato contra altos funcionarios del Gobierno Nacional por incumplir una orden judicial que exigía el pago oportuno de las deudas acumuladas con el sistema de salud, particularmente con hospitales y clínicas del departamento.
La decisión se origina en una Acción Popular interpuesta en mayo de 2025 por el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez Zuluaga, en defensa del derecho fundamental a la salud. Como medida cautelar, el tribunal había ordenado el 11 de julio de 2025 que el Gobierno realizara los pagos pendientes en un plazo máximo de 30 días, decisión que fue ratificada el 3 de septiembre del mismo año. Sin embargo, a la fecha no se ha dado cumplimiento a dicha orden.
El incidente de desacato recae sobre el ministro de Hacienda, Germán Ávila Plazas; el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo; el superintendente Nacional de Salud, Bernardo Camacho; el director de la Adres, Félix León Martínez; el agente liquidador de la Nueva EPS y los agentes interventores de Savia Salud, Coosalud y Sanitas.
El fallo advierte que los funcionarios involucrados podrían enfrentar arrestos hasta por seis meses, multas que deberán pagar con su patrimonio personal y eventuales procesos penales por el delito de fraude a resolución judicial.
Deudas millonarias con hospitales
Según cifras oficiales, las EPS intervenidas por el Gobierno Nacional le adeudan al Hospital General de Medellín más de $173.000 millones. De ese total, Savia Salud debe cerca de $145.000 millones, la Adres $22.900 millones y la Nueva EPS aproximadamente $15.000 millones. Cuando se presentó la Acción Popular, la deuda era de $127.000 millones, lo que representa un incremento del 36 % en pocos meses.
A nivel nacional, las obligaciones pendientes del Gobierno con el sistema de salud ascienden a cerca de $33 billones, mientras que en Antioquia se concentran alrededor de $8 billones.
Impacto en la atención a los pacientes
La falta de pago ha generado una grave presión sobre la red hospitalaria de Medellín. Actualmente, los servicios de urgencias presentan niveles de ocupación entre el 130 % y el 162 %, situación que se agrava por la interrupción en la entrega de medicamentos a pacientes crónicos y la falta de continuidad en los tratamientos.
Pese a este panorama, la Alcaldía de Medellín ha destinado recursos propios para evitar el cierre de servicios. Entre 2024 y 2026 se han invertido cerca de $439.000 millones para sostener la red pública hospitalaria, de los cuales más de $218.000 millones fueron ejecutados durante 2025.
Pronunciamiento del alcalde
El alcalde Federico Gutiérrez calificó la decisión judicial como un respaldo a la defensa del derecho a la vida. “Esto es un triunfo de la justicia para garantizar la atención en salud. No vamos a permitir que se juegue con la vida de los ciudadanos”, afirmó.
El mandatario aseguró que solicitará la aplicación de las máximas sanciones si persiste el incumplimiento y cuestionó la falta de priorización presupuestal del Gobierno Nacional frente al sector salud.
El Tribunal continuará vigilando el cumplimiento de la orden y evaluará las medidas sancionatorias correspondientes en los próximos días.