Medellín, febrero 3 de 2026. Intergremial Antioquia y Fenalco Antioquia solicitaron formalmente a la Gobernación de Antioquia la suspensión del cobro de la Tasa Especial de Seguridad y Convivencia Ciudadana, establecida mediante la Ordenanza 50 de 2024 y vigente desde enero de 2025 hasta diciembre de 2027.
En un comunicado conjunto, los gremios empresariales advirtieron que este tributo se suma a una elevada carga impositiva regional y nacional, lo que está afectando de manera significativa las finanzas de las empresas del departamento, en un contexto marcado por recientes medidas económicas, el incremento del salario mínimo y un entorno macroeconómico complejo.
Según las organizaciones, la continuidad de la tasa compromete la sostenibilidad de los negocios, impacta negativamente la competitividad regional y pone en riesgo el empleo formal. “Las empresas en Antioquia ya no toleramos más impuestos regionales”, señalaron, al destacar que este gravamen está presionando los presupuestos empresariales y, en algunos casos, podría conducir al cierre de compañías.
Oposición desde un principio
Intergremial y Fenalco recordaron que desde la discusión inicial del proyecto de ordenanza manifestaron su oposición a la medida, alertando sobre sus efectos adversos en la productividad y en el clima de inversión del departamento. Estas posiciones fueron expuestas tanto en debates ante la Asamblea Departamental como en escenarios públicos y medios de comunicación.
Los gremios enfatizaron que la afectación no se limita al sector empresarial, sino que tiene consecuencias sobre la economía regional en su conjunto, al incidir en la generación de empleo, el crecimiento económico y la estabilidad de las empresas.
En ese sentido, hicieron un llamado a la Gobernación de Antioquia para que reconsidere la aplicación de la tasa y evalúe alternativas que no recaigan adicionalmente sobre el tejido productivo, que ya enfrenta múltiples presiones financieras.
Asimismo, manifestaron su disposición al diálogo institucional con las autoridades departamentales para buscar soluciones que permitan fortalecer la seguridad y la convivencia ciudadana sin comprometer el desarrollo económico ni la capacidad de generación de empleo en Antioquia.
La solicitud se produce en medio de un debate creciente sobre la carga tributaria regional y su impacto en la competitividad de las empresas, en momentos en que el sector productivo enfrenta retos asociados a la inflación, los costos laborales y la desaceleración económica.
Intergremial Antioquia y Fenalco insistieron en que cualquier política pública en materia de seguridad debe construirse de manera concertada con el sector empresarial, con criterios de sostenibilidad fiscal y con un enfoque que preserve la estabilidad económica del departamento.