Bogotá, febrero 4 de 2026. La Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (ANDI) y la Federación Nacional de Comerciantes (Fenalco) manifestaron su preocupación y rechazo frente a las recientes solicitudes de información realizadas por la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) a varias empresas del país, relacionadas con sus mecanismos de fijación de precios, descuentos y márgenes de ganancia.
De acuerdo con los documentos enviados por la entidad, la SIC pidió a las compañías detallar los criterios jurídicos, técnicos y comerciales que utilizan para establecer precios; explicar cómo influyen variables como costos de importación, logística, inventarios y tasa de cambio; y precisar si emplean sistemas automatizados o algoritmos para definir valores al consumidor.
Para los gremios, estas solicitudes exceden las competencias legales de la Superintendencia y constituyen una intervención indebida en las decisiones empresariales.
Fenalco alerta sobre control indirecto de precios
El presidente de Fenalco, Jaime Alberto Cabal, afirmó que este requerimiento representa “una indebida intromisión del Gobierno en los asuntos empresariales” y advirtió que se pretende convertir a la SIC en una “Superintendencia de Precios”.
Según Cabal, exigir a los comercios explicar cómo fijan los precios de miles de productos es una solicitud imposible de cumplir y desconoce principios básicos de la economía. Agregó que los precios responden a dinámicas normales del mercado como la oferta, la demanda y los niveles de inventario, especialmente en sectores como alimentos, ropa y calzado.
El dirigente gremial sostuvo que recurrir a controles de precios para enfrentar la inflación es una estrategia equivocada que puede generar desabastecimiento, contrabando y mayores distorsiones económicas.
ANDI cuestiona legalidad de los requerimientos
Por su parte, la ANDI expresó que, si bien la SIC puede solicitar información en el marco de sus funciones, dicha facultad debe ejercerse dentro de los límites que establece la ley.
La asociación señaló que pedir datos sobre estructura de costos, márgenes de ganancia y políticas comerciales puede vulnerar derechos constitucionales como la libertad de empresa, la confidencialidad de los secretos industriales y la seguridad jurídica.
“El control al consumidor debe ejercerse de manera proporcional y respetando los derechos de los actores del mercado”, indicó el gremio, al recordar que los servidores públicos solo pueden actuar dentro de competencias expresamente asignadas por la ley.
Preocupación por efectos económicos
Ambos gremios coincidieron en que estas medidas se presentan en un contexto de alta inflación y mayores costos laborales, derivados del reciente aumento del salario mínimo. Consideran que trasladar la responsabilidad a las empresas mediante controles administrativos no resolverá el problema de fondo.
Fenalco advirtió que este tipo de políticas recuerda experiencias fallidas de control de precios en otros países de la región, con consecuencias negativas sobre la inversión, el empleo y el abastecimiento.
Llamado a respetar la libertad económica
Finalmente, ANDI y Fenalco reiteraron su respaldo a la protección del consumidor, pero insistieron en que esta debe hacerse sin afectar la libertad de empresa ni la competitividad del sector productivo.
Los gremios solicitaron al Gobierno Nacional y a la SIC revisar el alcance de los requerimientos y garantizar que las actuaciones administrativas se mantengan dentro del marco constitucional y legal vigente.