Medellín, enero 15 de 2026. El Área Metropolitana del Valle de Aburrá informó que entre 2024 y 2025 atendió cerca de 30.000 trámites ambientales, un esfuerzo que ha contribuido a la reactivación de proyectos por más de $11 billones y al fortalecimiento de la sostenibilidad del territorio. Solo en 2025 se gestionaron 17.963 trámites, incluyendo derechos de petición, resoluciones y permisos ambientales, clave para dinamizar la economía regional.
Del total tramitado el año pasado, se destacan 2.794 derechos de petición, 2.600 resoluciones y 324 permisos ambientales, además de 2.412 seguimientos al recurso hídrico, 2.552 solicitudes atendidas por la Unidad de Reacción Ambiental (URA) y 40.713 actuaciones de control y vigilancia. Estos procesos han sido determinantes para destrabar iniciativas productivas bajo criterios de desarrollo sostenible.
Permisos que impulsan inversión y empleo
En 2025, la entidad otorgó 192 permisos para proyectos estratégicos en vivienda e infraestructura, comercio y manufactura, lo que permitió activar inversiones de gran escala y fortalecer la generación de empleo en el Valle de Aburrá. Según la autoridad ambiental, la revisión técnica de cada permiso garantiza la sostenibilidad y la protección de los recursos naturales.
“Estos permisos son evaluados por equipos profesionales para priorizar el desarrollo sostenible del territorio. Además, logramos avances significativos en los tiempos de respuesta, reduciéndolos a 94 días”, explicó Alejandro Vásquez Campuzano, subdirector ambiental del Área Metropolitana.
Capacitación para descongestionar trámites
Un componente clave del resultado fue la capacitación de 3.906 ciudadanos en el diligenciamiento de formatos y solicitudes, lo que ayudó a descongestionar procesos, reducir devoluciones y evitar reprocesos. La estrategia mejoró la calidad de las solicitudes y aceleró la toma de decisiones.
Desarrollo con sostenibilidad
Con estos resultados, el Área Metropolitana no solo acelera la ejecución de proyectos de alto impacto económico, sino que refuerza los criterios ambientales y la seguridad jurídica para inversionistas y comunidades. La entidad reiteró su compromiso con una gestión pública eficiente, orientada a un crecimiento equilibrado que combine competitividad, empleo y protección del entorno.