Bogotá, mayo 19 de 2026. La seguridad energética del país ha entrado en una fase de máxima alerta. Diversos actores del sector público y privado coinciden en que Colombia se aproxima al inicio de la temporada seca del segundo semestre de 2026 bajo las condiciones operativas más vulnerables de las últimas décadas.
Los retrasos acumulados en la infraestructura de generación, el crecimiento acelerado de la demanda y la inminente consolidación de un Fenómeno de El Niño —que las agencias meteorológicas proyectan como uno de los más severos de la historia— configuran lo que los expertos denominan una “tormenta perfecta”.
Frente a esta realidad, la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG) formalizó la estructuración de un paquete de intervenciones normativas diseñado para administrar escenarios de estrés energético extremo.
A través de su Boletín 20, la autoridad regulatoria anunció la aprobación para consulta pública de un conjunto de herramientas técnicas que incluye tres medidas permanentes y dos mecanismos de activación temporal, orientados a preservar la confiabilidad del Sistema Interconectado Nacional (SIN).
El diagnóstico gremial: Un balance en terreno negativo
A la par de los anuncios del regulador, la Asociación Colombiana de Generadores de Energía Eléctrica (Acolgen), en cabeza de su presidenta Natalia Gutiérrez, trazó una radiografía sectorial que evidencia el agotamiento de los márgenes de maniobra tradicionales.
Según las estimaciones del gremio, la curva entre la oferta y la demanda real ya registra saldos negativos. En concreto, Colombia presenta un déficit de energía firme del -2,6% para este año frente a las proyecciones de demanda, una brecha que podría profundizarse de manera alarmante hacia el futuro, situándose en -4,4% para 2027 y alcanzando un -6,8% para el año 2030.
Gutiérrez enfatizó que el origen de este desfase estructural responde a un rezago sistemático en la entrada de nuevos proyectos de generación a gran escala.
En los últimos cinco años, el sistema dejó de incorporar entre 4.000 y 4.500 megavatios (MW) de energía firme que debieron haber iniciado operaciones comerciales, limitando la expansión de la oferta justo cuando los indicadores de consumo interno aceleraban su ritmo.
Adicionalmente, el nivel actual de los embalses a nivel general promedia un 63%, una cifra que dista del 80% óptimo exigido por los operadores del mercado para encarar con solvencia el fin de año.
La urgencia del parque térmico y el desafío del gas
Como medida de mitigación inmediata, el sector privado plantea la necesidad imperativa de encender el parque de generación térmica de manera anticipada. El objetivo de esta estrategia es sustituir la generación hidráulica para que las centrales de agua puedan contener el vaciado de sus reservas y acumular el recurso necesario de cara a diciembre.
En condiciones normales de operación, las termoeléctricas aportan entre el 35% y el 40% de la energía del país; sin embargo, bajo el actual escenario de sequía extrema, su participación tendrá que elevarse de forma sostenida hasta alcanzar el 50%.
No obstante, la viabilidad de este respaldo térmico choca directamente con la disponibilidad de combustible. La oferta de gas natural local es insuficiente, lo que obliga al aparato productivo a depender del gas importado, un recurso considerablemente más costoso que, además, se encuentra presionado por la coyuntura geopolítica internacional y las tensiones logísticas globales en el Medio Oriente.
Aunque una generación térmica más cara elevará los costos de producción, los contratos de largo plazo que cubren a la mayoría de los usuarios residenciales actuarán como amortiguador, previendo un impacto directo en las facturas de los hogares de entre el 7% y el 9%.
La respuesta regulatoria de la CREG y alternativas de corto plazo
Para contrarrestar de forma preventiva estas limitaciones, el plan de choque de la CREG contempla dentro de sus cinco medidas la flexibilización temporal de las reglas de comercialización de gas natural, buscando que los excedentes del combustible e insumos de la industria e intermediarios se canalicen prioritariamente hacia las plantas térmicas que soportan la confiabilidad eléctrica del país.
De igual forma, el regulador aprobó remitir a la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) un proyecto normativo para permitir que la “respuesta de la demanda” participe activamente en el mercado de corto plazo (bolsa de energía), remunerando económicamente a aquellos agentes y grandes consumidores que oferten reducciones voluntarias en sus consumos.
Paralelamente, desde el frente institucional, se barajan alternativas urgentes para expandir el suministro de gas a corto plazo, entre las que destacan los desarrollos de infraestructura de regasificación liderados por TGI y el Grupo de Energía de Bogotá (GEB) con el respaldo del Ministerio de Minas y Energía, así como la revisión normativa de los proyectos de gas que actualmente se encuentran en fase de pruebas para acelerar su entrada formal al mercado de comercialización.
La hoja de ruta inmediata para sortear la temporada seca exige la coordinación del Gobierno nacional en la logística de abastecimiento de combustibles líquidos, carbón y gas, la conexión prioritaria a la red de los proyectos de construcción —esencialmente solares— con fecha de entrega previa a diciembre, y la articulación de una campaña nacional de ahorro energético que involucre de forma decidida tanto a los hogares colombianos como al sector industrial y de autogeneración.