Bogotá, mayo 5 de 2026. El Gobierno nacional inició una ofensiva jurídica para revertir la decisión que frenó el traslado de recursos desde los fondos privados de pensiones hacia Colpensiones, una medida clave dentro de la implementación de la reforma pensional.
A través de un recurso de súplica, radicado por los ministerios de Trabajo y Hacienda junto con la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, el Ejecutivo pidió al Consejo de Estado levantar la suspensión provisional decretada el pasado 28 de abril contra el Decreto 415 de 2026.
La disputa: $25 billones en juego
El decreto establece el traslado de aproximadamente $25 billones desde las Administradoras de Fondos de Pensiones hacia Colpensiones. Sin embargo, la decisión judicial dejó en pausa una parte central de esta operación.
La suspensión recae específicamente sobre el Capítulo 5 del decreto, que ordena el traslado inmediato de recursos correspondientes a afiliados que ya se cambiaron de régimen, pero que aún no cumplen los requisitos para pensionarse.
¿Qué implica la medida suspendida?
El punto en discusión es el momento en que deben trasladarse los recursos.
Los demandantes sostienen que esos ahorros deben permanecer en los fondos privados generando rendimientos hasta que el afiliado consolide su derecho pensional. En contraste, el Gobierno defiende que el traslado anticipado es necesario para la operación del sistema público.
De mantenerse la suspensión, el impacto sería significativo:
- Colpensiones recibiría cerca de $5 billones
- Quedarían en los fondos privados alrededor de $20 billones correspondientes a afiliados que aún no cumplen requisitos de jubilación
El argumento del Gobierno
El Ejecutivo sostiene que la medida cautelar debe ser reconsiderada dentro del proceso de nulidad simple y defiende la legalidad del decreto.
Según su posición, el traslado de recursos es un componente fundamental para garantizar la sostenibilidad del sistema y la correcta implementación de la reforma pensional.
Los cuestionamientos legales
Las demandas contra el decreto plantean varios frentes de discusión:
- Exceso en la potestad reglamentaria, al considerar que el Gobierno habría ido más allá de reglamentar la ley
- Riesgos financieros, por el traslado anticipado de recursos
- Desviación de poder, ante la posibilidad de que la medida busque asegurar liquidez antes de un fallo de la Corte Constitucional
También advierten que el traslado podría convertirse en un movimiento patrimonial masivo e irreversible bajo reglas jurídicas aún debatidas.
Un capítulo con distinto futuro
Mientras el Capítulo 5 enfrenta mayor resistencia judicial, el Capítulo 6 del decreto tendría un camino más despejado.
Este regula el traslado de recursos de personas que ya están pensionadas, donde el traspaso resulta necesario para que Colpensiones pueda asumir el pago de mesadas.
El decreto establece que en estos casos el traslado debe hacerse en dos etapas:
- 50% en un plazo de 20 días
- El restante 50% en los siguientes 10 días
Análisis: liquidez vs. seguridad jurídica
El caso pone en evidencia una tensión estructural en la reforma pensional:
- Por un lado, la necesidad del Estado de contar con recursos para operar el sistema
- Por otro, la protección jurídica de los ahorros individuales y su rentabilidad
El desenlace de este proceso será determinante no solo para el flujo de recursos entre regímenes, sino también para la confianza en el sistema pensional.