Bogotá, mayo 14 de 2026. Analdex y ANDI lanzaron una advertencia urgente al Congreso de la República sobre el riesgo de que Colombia quede sin un régimen sancionatorio aduanero vigente a partir del próximo 20 de junio de 2026, si no avanza la aprobación del proyecto de ley que actualmente cursa trámite legislativo.
Los gremios pidieron convocar de manera prioritaria nuevas sesiones legislativas para destrabar la discusión del Proyecto de Ley 312 de 2025 Senado – 463 de 2025 Cámara, acumulado con el Proyecto 331 de 2025 Senado, cuyo debate quedó suspendido el pasado 12 de mayo en las Comisiones Segundas conjuntas.
Corte Constitucional fijó plazo hasta junio de 2026
El llamado empresarial se produce luego de que la Corte Constitucional estableciera como fecha límite el 20 de junio de 2026 para que el Congreso expida el nuevo régimen mediante ley.
Según Analdex, si el proyecto no es aprobado antes de esa fecha:
- podrían archivarse más de 10.800 procesos aduaneros,
- por una cuantía cercana a $7,07 billones
- y la autoridad aduanera perdería sustento jurídico para adelantar decomisos, aprehensiones y sanciones.
La ANDI calificó el escenario como un “riesgo sin precedentes” para el comercio exterior colombiano.
Gremios advierten impacto sobre lucha contra el contrabando
Los gremios empresariales sostienen que la ausencia de un nuevo marco sancionatorio debilitaría la capacidad del Estado para enfrentar el comercio ilícito y el contrabando.
De acuerdo con la ANDI:
- se afectaría la seguridad jurídica de las operaciones aduaneras,
- habría riesgos sobre la estabilidad de la cadena logística,
- y podría deteriorarse la confianza en la economía colombiana.
Analdex agregó que el debate no debería centrarse únicamente en evitar un vacío normativo, sino también en aprovechar la oportunidad de modernizar las reglas del comercio exterior colombiano.
El proyecto busca diferenciar error y fraude
Uno de los principales cambios del nuevo régimen es que establece una diferenciación más clara entre errores operativos y conductas fraudulentas.
Entre las modificaciones planteadas están:
✔️ Debida diligencia como causal de exoneración
El operador podrá evitar sanciones si demuestra que actuó con diligencia y buena fe.
✔️ Corrección de errores formales
Errores de digitación en seriales o descripciones dejarían de generar automáticamente aprehensión de mercancías y podrían corregirse dentro de un plazo razonable.
✔️ Fin al esquema “pague primero y defiéndase después”
Los Operadores Económicos Autorizados y empresas con garantías globales solo enfrentarían cobro una vez finalice la discusión judicial.
✔️ Caducidad clara para decomisos
El proyecto fija un término único de cinco años para las acciones de control aduanero.
Seguridad jurídica y competitividad
Analdex señaló que el nuevo régimen se alinea con estándares internacionales y mejores prácticas de la OCDE.
El gremio argumentó que la previsibilidad normativa es un elemento clave para atraer inversión y fortalecer las cadenas logísticas internacionales.
“Un régimen sancionatorio claro, proporcional y predecible es parte de la infraestructura competitiva del país”, indicó la organización.
Debate quedó suspendido pese a respaldo político
El proyecto había recibido respaldo transversal de bancadas de gobierno y oposición durante el primer debate en las Comisiones Segundas conjuntas.
Sin embargo, la sesión terminó sin contabilizar formalmente las votaciones virtuales, dejando el articulado en suspenso a la espera de una nueva convocatoria legislativa.
Ahora el sector empresarial insiste en que el Congreso reactive de manera urgente el trámite para evitar un limbo jurídico en materia aduanera.
Análisis: comercio exterior teme un choque institucional y operativo
El debate sobre el nuevo régimen sancionatorio aduanero refleja tensiones entre:
Factores clave del proyecto
- modernización normativa,
- seguridad jurídica,
- facilitación del comercio,
- y fortalecimiento de controles contra el contrabando.
Riesgos de no aprobarse
- debilitamiento institucional,
- pérdida de herramientas de control,
- incertidumbre jurídica para operadores,
- y mayor exposición al comercio ilícito.
El sector privado considera que el nuevo marco permitiría enfocar las sanciones en estructuras fraudulentas, en lugar de castigar errores formales de operadores legales.