Bogotá, febrero 25 de 2026. La industria aseguradora colombiana, a través de Fasecolda, rompió el silencio tras la publicación del Decreto 0173 de 2026, el cual establece las reglas del Impuesto al Patrimonio bajo la actual Emergencia Económica.
Fasecolda denunció que la medida desconoce la realidad técnica de su operación y castiga injustamente a una industria que viene de un año 2025 marcado por la caída de utilidades.
Un gravamen diferenciado y bajo fuego
La principal queja radica en la disparidad de las tasas. El decreto fija un impuesto al patrimonio del 0,5% para las personas jurídicas, pero eleva la carga al 1,6% para las entidades del sector financiero.
Según el gremio, esta diferenciación es “arbitraria” y genera una carga excesiva que no se compadece con la contribución social de las aseguradoras.
El peso de la tributación en cifras
El sector expuso argumentos financieros sólidos para sustentar su rechazo:
- Utilidades en descenso: En 2025, la industria registró una caída del 20% en sus utilidades netas.
- Alta siniestralidad: Durante el último año, las compañías pagaron reclamaciones por $27,6 billones, atendiendo afectaciones en ramos agrícolas, de propiedad, vida y salud derivados, en gran parte, de la ola invernal.
- Tasa efectiva récord: Con la sobretasa de renta vigente (5%) y el nuevo impuesto al patrimonio, la tributación real de seguros generales ronda el 40%, superando ampliamente los promedios de la OCDE.
Desincentivo a la inversión y el empleo
Para los expertos del sector, imponer “sucesiones de sobrecargas tributarias” se traduce en un desincentivo para la productividad y la inversión en el país.
Fasecolda subrayó que, irónicamente, su labor agilizando los pagos por la emergencia climática ayuda a reducir la carga fiscal del Estado, labor que ahora se ve penalizada con un impuesto que califican de regresivo.
La contradicción de la emergencia
Aunque el sector reconoce la gravedad de la crisis invernal y la necesidad de recursos, sostiene que el mecanismo elegido es “antitécnico”.
Argumentan que castigar sectores intensivos en capital, como el asegurador, debilita la capacidad de respuesta de la economía ante futuros riesgos.