El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón Cardona, reiteró que los departamentos no aplicarán el decreto de la emergencia económica, tras no llegar a un acuerdo con el gobierno nacional.
Bogotá, enero 19 de 2026. La reunión entre los gobernadores del país y los ministros de Hacienda y Crédito Público, Germán Ávila Plazas; y del Interior, Armando Benedtti, concluyó sin acuerdo sobre el controvertido Decreto 1474 de 2025, que incrementa el Impuesto al Consumo y el IVA a licores y cigarrillos, una de las principales fuentes de financiación para sectores como salud, educación y deporte en los departamentos.
El encuentro, realizado en el Ministerio de Hacienda, contó con la participación del ministro Germán Ávila, el ministro del Interior Armando Benedetti, el director de la DIAN Carlos Emilio Betancourt, el director ejecutivo de la Federación Nacional de Departamentos (FND), Didier Tavera, y delegados de los gobiernos departamentales.
Pese al espacio de diálogo, los mandatarios regionales dejaron claro que el panorama se mantiene sin cambios y que no existe consenso con el Ejecutivo frente al impacto fiscal de la medida.
Defensa de las finanzas territoriales
En un pronunciamiento conjunto, los gobernadores reconocieron la disposición al diálogo expresada por el Gobierno nacional, pero reiteraron su firme postura de defender las rentas cedidas a los departamentos, que consideran esenciales para garantizar la prestación de servicios básicos en los territorios.
“Defendemos los derechos fundamentales a la salud, la educación y el deporte, y por tanto las rentas que permiten financiarlos”, señalaron los mandatarios.
En ese contexto, anunciaron que solicitarán a la Corte Constitucional una medida de protección que suspenda provisionalmente la implementación del Decreto 1474 de 2025, específicamente en lo relacionado con el aumento del Impuesto al Consumo y el incremento del IVA para licores y cigarrillos.
Choque por la autonomía regional
Uno de los puntos centrales del desacuerdo gira en torno a la autonomía territorial. Los gobernadores advirtieron que cualquier medida que vaya en contravía del carácter descentralizado del Estado colombiano debe ser objetada.
Recordaron que Colombia es una República unitaria, pero descentralizada y con autonomía de sus entidades territoriales, y que precisamente desde las regiones se está defendiendo ese principio constitucional.
Según los mandatarios, el decreto en cuestión podría afectar de manera directa la capacidad financiera de los departamentos para atender programas sociales prioritarios, al alterar el esquema de recaudo sobre productos que históricamente han financiado servicios públicos esenciales.
Diálogo abierto, pero sin concesiones
A pesar de la falta de acuerdo, los gobernadores manifestaron que continuarán participando en los espacios de diálogo que convoque el Ministerio de Hacienda, dejando abierta la puerta a nuevas conversaciones.
Sin embargo, dejaron claro que, mientras no se protejan de manera efectiva las finanzas territoriales, mantendrán su estrategia jurídica para frenar los efectos del decreto.
Un pulso con impacto fiscal y político
El desacuerdo evidencia un nuevo pulso entre el Gobierno nacional y las regiones por el manejo de los ingresos tributarios y su destinación. Más allá del debate técnico, el trasfondo es la distribución del poder fiscal y la sostenibilidad financiera de los departamentos.
Ahora, la decisión queda en manos de la Corte Constitucional, que deberá pronunciarse sobre la legalidad y los alcances del Decreto 1474 de 2025, en un fallo que podría marcar un precedente clave para la relación entre Nación y territorios.