Bogotá, febrero 6 de 2026. La decisión de la Corte Constitucional de suspender provisionalmente el Decreto 1390 ha sido recibida por los principales actores del sector energético como un respaldo fundamental a la institucionalidad del país.
Desde la Asociación de Generadores de Energía Eléctrica (Acolgen) y el Consejo Gremial Nacional, el mensaje es unánime: las reformas en sectores estratégicos deben realizarse con rigor técnico y jurídico, evitando lo que han denominado “atajos” normativos.
El valor de las reglas claras
Para los líderes gremiales, la intervención judicial reafirma que el Estado de derecho no se suspende ante las complejidades coyunturales. El sector eléctrico colombiano es uno de los mayores motores de inversión en el país, con una ejecución de más de $140 billones en los últimos 30 años. Sin embargo, la continuidad de este dinamismo depende de la estabilidad.
Según el reporte, se requiere una inversión constante de entre $10 y 13 billones cada año para asegurar que el sistema pueda responder al crecimiento de la demanda en el futuro cercano.
Alertas rojas: El déficit de energía firme
Más allá del debate legal, la preocupación central radica en la disponibilidad del recurso. Los datos técnicos de XM, operador del Sistema Interconectado Nacional, revelan que Colombia ya ha entrado en un terreno peligroso.
Actualmente, el déficit de energía en firme se sitúa en un -1.6%, cifra que se estima podría profundizarse hasta alcanzar un -3.5% el próximo año.
Acolgen sostiene que los cambios abruptos en las reglas de juego debilitan la confianza de los inversionistas, convirtiéndose en el principal obstáculo para superar esta crisis de abastecimiento.
Un llamado al diálogo técnico e institucional
El gremio enfatizó que la solución a los retos actuales no reside en decretos que eludan los procesos establecidos, sino en:
• Diálogo técnico: Mesas de trabajo basadas en datos y planeación.
• Seguridad jurídica: Protección de los marcos legales para garantizar la confianza de inversión.
• Institucionalidad: Respeto a las entidades regulatorias y técnicas del sector.
“La confianza es el camino para garantizar que la energía en Colombia esté hoy y en el futuro”, concluyeron los portavoces, reiterando que la base para proteger a los usuarios finales es, precisamente, la confiabilidad y estabilidad del sistema eléctrico nacional.
Esta nueva suspensión deja en firme la necesidad de que el Gobierno Nacional busque consensos con el sector privado para navegar la transición energética sin poner en riesgo la seguridad del suministro en el corto plazo.