Bogotá, marzo 17 de 2026. Una fuerte polarización se vive en el sector salud tras las declaraciones del presidente Gustavo Petro en el Consejo de Ministros, donde ordenó avanzar en la liquidación de las Entidades Promotoras de Salud (EPS) que no sean financieramente viables.
La medida ha provocado un enfrentamiento entre las organizaciones civiles y el ente de control.
La alerta de los pacientes
El movimiento Pacientes Colombia rechazó de tajo el anuncio, calificándolo como un generador de “pánico innecesario”. Según la organización, la medida afectaría a por lo menos 25 millones de colombianos.
- Retaliación política: El vocero Denis Silva sugirió que la orden es una respuesta al fallo del Tribunal Administrativo de Antioquia que suspendió el Decreto 182, el cual pretendía trasladar masivamente a usuarios.
- Dudas sobre la Nueva EPS: Los pacientes cuestionan que se privilegie a la Nueva EPS como receptora de afiliados, a pesar de que informes de la Contraloría sugieren que tampoco es financieramente sólida.
La respuesta de la Supersalud
Ante la creciente preocupación, la Superintendencia Nacional de Salud publicó el Comunicado 024 de 2026 para dar un parte de tranquilidad:
- Debido Proceso: Aseguraron que las evaluaciones técnicas y financieras continuarán, pero siempre respetando la ley y el derecho de los usuarios.
- Llamado a prestadores: Instaron a la red de hospitales, clínicas y gestores farmacéuticos a garantizar la prestación del servicio “sin dilaciones ni interrupciones”.
- Estabilidad: La entidad reiteró su compromiso de adoptar decisiones que fortalezcan el sistema y no que lo desestabilicen.
El panorama sigue siendo incierto para millones de familias que temen que la transición administrativa interrumpa el suministro de tecnologías y medicamentos vitales.