Bogotá, abril 14 de 2026. El panorama laboral en Colombia continúa en una zona de alta incertidumbre jurídica. La Sección Segunda del Consejo de Estado ha dejado en firme la medida cautelar que mantiene suspendido el Decreto 1469 de 2025, mediante el cual el Gobierno Nacional había establecido un incremento del 23,7% en el salario mínimo.
Con esta decisión, el alto tribunal desestima los recursos de reposición y aclaración que buscaban rehabilitar la norma.
El fondo de la controversia jurídica
La ratificación del tribunal se da tras analizar recursos interpuestos por ciudadanos que alegaban una presunta extralimitación de funciones y falta de congruencia en el fallo inicial del magistrado Juan Camilo Morales.
No obstante, el Consejo de Estado fue enfático en señalar que el Poder Judicial tiene la facultad legítima de ordenar medidas preventivas para garantizar el cumplimiento de la ley sin que esto signifique un desplazamiento de las competencias del Ejecutivo.
En su pronunciamiento, el tribunal aclaró puntos críticos para el ordenamiento económico del país:
- Autonomía Administrativa: El fallo no impone un porcentaje de incremento, sino que traslada la responsabilidad al Gobierno de expedir un decreto transitorio basado en criterios técnicos y legales mientras se produce una sentencia de fondo.
- Habilitación Legal: El despacho reafirmó que está legalmente habilitado para exigir este nuevo acto administrativo con efectos provisionales, buscando evitar un vacío normativo que afecte a millones de trabajadores.
Implicaciones para el mercado y el Gobierno
A pesar de la orden judicial emitida originalmente en febrero, el presidente Gustavo Petro ha manifestado su intención de sostener el alza del 23,7%, lo que plantea un escenario de choque de trenes institucional.
La falta de un incremento en firme genera dudas en las áreas de nómina de las empresas y en el cálculo de indexaciones que dependen del salario mínimo.
Desde el punto de vista técnico-económico, la suspensión obliga al Ejecutivo a revisar las variables de inflación, productividad y contribución del trabajo al PIB, factores que, según los demandantes, no fueron debidamente ponderados en el decreto original.
Por ahora, el salario mínimo de 2026 permanece en un limbo legal a la espera de que el Gobierno Nacional acate la orden de emitir un ajuste transitorio o el Consejo de Estado dicte una sentencia definitiva.