Medellín, 14 de abril de 2026. El Tribunal Administrativo de Antioquia, mediante auto del magistrado ponente Jaiver Camargo Arteaga, ordenó la apertura de un incidente de desacato contra altos funcionarios del Gobierno Nacional, incluyendo al Ministerio de Salud y Protección Social y al Ministerio de Hacienda.
La decisión se toma tras el presunto incumplimiento de una medida cautelar decretada hace tres meses en el marco de una Acción Popular liderada por el Distrito de Medellín.
Los puntos clave del incumplimiento
Según el Tribunal, el actor popular presentó pruebas que demostrarían que las órdenes judiciales para sanear la cartera de salud no se han ejecutado. Entre los argumentos principales destacan:
- Demoras injustificadas: Han pasado más de 90 días sin que el Ministerio de Hacienda ejecute los pagos, escudándose en la “complejidad de la orden”.
- Categorías “ficticias”: Se denuncia la creación de una categoría de cartera denominada “en auditoría”, la cual, según los demandantes, se usa para excluir facturas del deber de pago inmediato.
- Discrepancia de datos: Existe una brecha significativa entre los valores reportados por las EPS y las carteras reportadas por las Instituciones Prestadoras de Salud (IPS).
Implicaciones legales
La apertura de este incidente busca determinar si los funcionarios responsables han incurrido en una desobediencia judicial, lo que podría derivar en sanciones que van desde multas hasta arrestos.
El Tribunal también reconoció personería jurídica a nuevos apoderados de entidades como la Superintendencia Nacional de Salud, Coosalud y la EPS Sanitas para que intervengan en el proceso. Este proceso es seguido de cerca por el sector salud en Antioquia, pues de su resolución depende el flujo de recursos para hospitales y clínicas que enfrentan una crisis de liquidez.