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Cuenta regresiva aduanera: Colombia a 40 días de un posible “limbo” en la lucha contra el contrabando

Para que la ley sea una realidad, el proyecto debe superar sus debates y ser sancionado por el Presidente de la República, a más tardar, el 20 de junio. Foto Cortesía

Bogotá, mayo 12 de 2026. La DIAN urgió al Congreso de la República a tramitar el Régimen Sancionatorio Aduanero antes del 20 de junio para evitar la pérdida de facultades de control en las fronteras.

El sistema de control aduanero de Colombia tiene una fecha de vencimiento marcada por la Corte Constitucional. Mediante la sentencia C-072 de 2025, el alto tribunal determinó que el régimen actual es inconstitucional y fijó el 20 de junio de 2026 como el último día de su vigencia. La responsabilidad de llenar ese vacío recae exclusivamente en el Congreso de la República.

Sin embargo, el panorama es tenso: tras el aplazamiento del primer debate en las comisiones segundas conjuntas, la DIAN ha manifestado su profunda preocupación por el cumplimiento del calendario legislativo.

¿Qué pasa si no se aprueba la ley?

El director de la DIAN, Jairo Betancourt, ha sido tajante al describir las consecuencias de un “vacío constitucional”. De no tener una ley sancionada para el 20 de junio, el país enfrentaría:

  • Parálisis operativa: Imposibilidad de realizar aprehensiones y decomisos de mercancía ilegal.
  • Inseguridad jurídica: Incapacidad para liquidar sanciones a quienes infrinjan las normas de comercio exterior.
  • Desprotección económica: Un campo libre para el contrabando y el fraude, afectando directamente a los comerciantes legales y a la industria nacional.

El cronograma crítico

Para que la ley sea una realidad, el proyecto debe superar sus debates y ser sancionado por el Presidente de la República, a más tardar, el 20 de junio. No obstante, para que los tiempos procesales coincidan, la aprobación definitiva en el Congreso debería ocurrir antes del 10 de junio.

Puntos clave de la propuesta

La ponencia unificada busca un régimen moderno, proporcional y claro que brinde seguridad jurídica. El Gobierno insiste en que no se trata solo de una norma técnica, sino de una herramienta esencial para la competitividad y la legalidad del comercio exterior colombiano.

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