Bogotá, mayo 28 de 2026. La Corte Constitucional fijó esa fecha como límite para expedir el nuevo Régimen Sancionatorio Aduanero. De no aprobarse, se embolatarían miles de procesos de decomiso y el país se quedaría sin herramientas legales frente al contrabando.
En una ofensiva institucional conjunta, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) y el ecosistema del comercio exterior colombiano lanzaron este jueves 28 de mayo de 2026 una advertencia categórica al Congreso de la República.
El motivo: el Proyecto de Ley del Régimen Sancionatorio Aduanero (PL 312/2025S – 463/2025C, Acumulado 331/2025S) se encuentra en una carrera contra el reloj para evitar un apagón normativo en las fronteras y puertos del país.
Una encrucijada institucional
La iniciativa, que busca regular los decomisos, sanciones y procedimientos aplicables a las operaciones internacionales, requiere superar de manera exprés sus segundos debates en las plenarias de Senado y Cámara de Representantes, además de su respectiva conciliación y sanción presidencial.
El límite inamovible es el 20 de junio de 2026, término perentorio dispuesto por la Corte Constitucional en la Sentencia C-072 de 2025.
El multimillonario costo del vacío jurídico
El director general de la DIAN, Carlos Emilio Betancourt Galeano, enfatizó que de no alcanzarse la sanción presidencial antes del plazo, el país se enfrentará a un inédito vacío constitucional que paralizará las acciones de control de las autoridades aduaneras.
Por su parte, la Asociación Nacional de Comercio Exterior (Analdex) detalló que el principio de favorabilidad constitucional obligaría al Estado a archivar los siguientes expedientes en curso:
- Procesos en investigación de fiscalización: 8.250 expedientes por una cuantía de $3,25 billones.
- Procesos en discusión administrativa: 148 casos valorados en $1,07 billones.
- Procesos judiciales aduaneros: 2.453 litigios que ascienden a $2,74 billones.
En total, son $7,07 billones en trámites fiscales, liquidaciones oficiales y decomisos los que perderían vigencia legal y tendrían que ser desechados por las autoridades.
Alianza gremial por la legalidad
La preocupación del Gobierno sintoniza plenamente con el sector productivo. Una coalición de siete organizaciones gremiales —compuesta por Analdex, Alaico, Asonav, Cladec, Fenalco, Fitac e ICDT— remitió una carta a las directivas de ambas cámaras legislativas solicitando formalmente que el proyecto sea incluido en el orden del día, en el segundo punto de la agenda, a más tardar el próximo 2 de junio de 2026.
Estos gremios representan la totalidad de la cadena logística: desde importadores y agencias de aduanas hasta transportadores, zonas francas y la academia tributaria.
“Estamos ante una verdadera carrera contra el tiempo. Si el Congreso no acelera este trámite, las consecuencias jurídicas y fiscales para el país serían muy graves”, aseveró Javier Díaz Molina, presidente Ejecutivo de Analdex.
El riesgo frente al contrabando y lavado de activos
Los datos económicos del fenómeno del contrabando ilustran la gravedad de dejar al país sin un marco punitivo aduanero. Actualmente, el comercio ilegal de mercancías mueve cerca de US$ 8.225 millones al año (unos $31 billones), lo que representa el 1,6% del Producto Interno Bruto (PIB) de la nación.
Este flagelo genera una evasión anual estimada en $10,4 billones por concepto de aranceles e IVA externo. Asimismo, los firmantes recordaron que la criminalidad aduanera no es un asunto meramente tributario, sino un vehículo crítico para el lavado de activos de economías ilícitas como el narcotráfico, afectando colateralmente la seguridad sanitaria, el control de precursores químicos y armas, y destruyendo de paso el empleo formal y la competitividad de la industria nacional.