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Gobierno defiende decreto sobre EPS y pacientes alertan riesgos para 6,5 millones de afiliados

De acuerdo con la explicación oficial, la asignación de afiliados a otras EPS sería una medida transitoria que busca garantizar la continuidad del aseguramiento mientras se estabiliza la atención en los territorios.

Bogotá, marzo 5 de 2026. El debate sobre el futuro del sistema de aseguramiento en salud en Colombia se intensificó tras la expedición del Decreto 0182 de 2026, una norma que el Gobierno defiende como un mecanismo técnico para corregir fallas estructurales del modelo, mientras organizaciones de pacientes advierten riesgos para millones de afiliados.

El Ministerio de Salud y Protección Social aseguró que la norma no implica un traslado masivo arbitrario de usuarios entre entidades promotoras de salud (EPS), como han señalado algunos sectores, sino que establece mecanismos técnicos de asignación cuando una EPS no garantiza condiciones adecuadas de operación en determinados territorios.

Según la cartera de salud, el objetivo es evitar interrupciones en la atención y proteger el derecho fundamental a la salud, garantizando la continuidad del servicio cuando existan fallas operativas o financieras en las aseguradoras.

El ministerio señaló que la libre elección de EPS se mantiene, aunque dentro de condiciones reales de prestación del servicio, tal como lo establece la Ley Estatutaria de Salud.

Traslados serían temporales, según el Gobierno

De acuerdo con la explicación oficial, la asignación de afiliados a otras EPS sería una medida transitoria que busca garantizar la continuidad del aseguramiento mientras se estabiliza la atención en los territorios.

Una vez normalizada la operación, los usuarios podrían ejercer nuevamente su derecho a trasladarse de entidad dentro de los términos establecidos por la ley.

El Gobierno también sostuvo que la medida no busca restringir la competencia entre EPS, sino ordenar el funcionamiento del aseguramiento para enfrentar problemas como:

  • fragmentación del sistema
  • baja escala poblacional de algunas EPS
  • ineficiencias operativas en zonas rurales y dispersas

La Superintendencia de Industria y Comercio, según el ministerio, concluyó que la norma no introduce restricciones arbitrarias a la libre competencia.

Además, el decreto establece que los afiliados solo podrán ser asignados a entidades que cuenten con capacidad operativa, red de servicios y condiciones financieras suficientes para atenderlos.

Pacientes alertan posibles riesgos para tratamientos

Sin embargo, organizaciones de pacientes expresaron preocupación por los efectos de la medida. El movimiento Pacientes Colombia advirtió que el decreto podría provocar el traslado forzoso de 6,5 millones de afiliados en el país. 

Según la organización, la norma establece umbrales mínimos de afiliados para que una EPS pueda operar en un municipio o departamento. Aquellas que no los cumplan deberán salir del territorio y sus usuarios serían reasignados automáticamente. 

El colectivo también señala que en municipios con menos de 20.000 habitantes solo podría operar una EPS y que, en 608 municipios del país, Nueva EPS sería la única opción disponible, lo que representaría el 57,2 % del total de municipios. 

Pacientes Colombia advirtió que estos cambios podrían afectar la continuidad de tratamientos, especialmente en casos de enfermedades de alto costo como cáncer, VIH o patologías raras.

Debate sobre capacidad del sistema

Otro de los cuestionamientos se centra en la capacidad operativa de algunas EPS para recibir nuevos afiliados.

Según Pacientes Colombia, Nueva EPS podría recibir cerca de 2,6 millones de afiliados adicionales, lo que representaría un aumento aproximado del 22,6 % en su población asegurada. 

También cuestionó la situación financiera de la entidad y pidió suspender la aplicación del decreto hasta garantizar que los pacientes en tratamiento activo no sufran interrupciones.

Un debate que continúa

Mientras el Gobierno sostiene que la medida busca fortalecer la rectoría del Estado y garantizar la sostenibilidad del sistema, organizaciones de pacientes y algunos sectores políticos advierten que la implementación del decreto podría generar riesgos para la continuidad de la atención en salud.

El impacto real de la norma dependerá de su implementación territorial y de la capacidad de las EPS receptoras para absorber la eventual reasignación de afiliados.

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