Bogotá, marzo 18 de 2026. La Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (ANDI) y la Asociación Nacional de Cajas de Compensación Familiar (Asocajas) manifestaron hoy su rechazo a las posibles liquidaciones de EPS intervenidas.
Los gremios aseguran que trasladar afiliados sin garantías financieras y técnicas solo trasladará el colapso de una entidad a otra, afectando directamente la atención de los usuarios.
Una crisis de recursos, no solo de gestión
Para la ANDI, el sistema atraviesa uno de sus momentos más críticos debido a la insuficiencia de la UPC y los retrasos en los pagos de Presupuestos Máximos por parte del Estado.
“Sin recursos suficientes y un flujo oportuno, la prestación adecuada de los servicios corre peligro”, señala el comunicado. El gremio advierte tres riesgos principales:
- Ruptura de tratamientos: Pacientes crónicos o con enfermedades de alto riesgo perderían la trazabilidad de sus autorizaciones.
- Colapso de receptoras: Las EPS que reciban a los afiliados perderán capacidad operativa y verán concentrados sus riesgos financieros.
- Impacto económico: El desconocimiento de las deudas acumuladas pondría en jaque la estabilidad laboral de médicos y el pago a proveedores de medicamentos.
El vacío en la capacidad operativa
Asocajas fue enfática al declarar que “las EPS que no están intervenidas hoy no cuentan con la capacidad financiera ni operativa para recibir a los pacientes de las liquidadas”.
El gremio recordó que la solución de fondo requiere un mecanismo extraordinario de estabilización que corrija el déficit de recursos antes de cualquier reasignación.
Asimismo, citaron la reciente decisión del Tribunal Administrativo de Antioquia, que suspendió provisionalmente normativas de traslado por considerar que pueden causar efectos “irreparables” en el aseguramiento de los ciudadanos.
El llamado al diálogo
Tanto la ANDI como Asocajas reiteraron su disposición para trabajar con el Gobierno Nacional en soluciones estructurales que recuperen la confianza y la sostenibilidad del sistema, enfatizando que cualquier medida debe basarse en criterios técnicos y no en decisiones administrativas de corto plazo que comprometan el acceso efectivo a la salud.