Bogotá, mayo 5 de 2026. La fintech Nu Colombia lanzó una advertencia pública sobre el retraso en la implementación de la exención del 4×1000 y anunció una medida para mitigar su impacto sobre los usuarios.
Según la entidad, han pasado más de 500 días desde que la normativa habilitó la posibilidad de tener múltiples cuentas exentas del Gravamen a los Movimientos Financieros, sin que el sistema financiero haya logrado ponerla en marcha.
Más de 500 días sin implementación
La medida, contemplada en la Ley 2277 de 2022, buscaba eliminar una de las principales restricciones del sistema: la obligación de concentrar los movimientos financieros en una sola cuenta para evitar el cobro del impuesto.
Sin embargo, la falta de coordinación entre actores del sistema ha impedido que este beneficio llegue a los usuarios.
Impacto en los usuarios
De acuerdo con la compañía, el retraso tiene efectos directos sobre los consumidores, quienes continúan pagando el 4×1000 en operaciones que, bajo la ley, podrían estar exentas.
Este escenario limita la libre elección de entidades financieras y mantiene barreras para la competencia en el sistema.
Respuesta del sector privado
Ante este panorama, Nu Colombia puso en marcha la denominada “Operación Día 501”, una iniciativa con la que busca compensar a sus clientes mientras se implementa la norma.
La medida consiste en devolver el equivalente al 4×1000 sobre nuevos recursos que los usuarios inviertan en productos específicos durante un periodo determinado.
Debate de fondo: competencia y eficiencia
El pronunciamiento de la entidad pone sobre la mesa un tema estructural del sistema financiero colombiano:
- La rigidez operativa del 4×1000
- Las dificultades de implementación regulatoria
- Las barreras a la movilidad financiera de los usuarios
En este contexto, la falta de aplicación de la norma no solo afecta a los consumidores, sino que también limita la competencia entre entidades.
Llamado al sistema financiero
La entidad hizo un llamado a acelerar la implementación de la medida, señalando la necesidad de coordinación entre el Gobierno, los bancos y los reguladores.
El caso abre un nuevo frente de discusión sobre la capacidad del sistema financiero para ejecutar cambios regulatorios y adaptarse a nuevas condiciones de mercado.