Medellín, 5 de mayo de 2026. La Cámara Colombiana de la Infraestructura (CCI) Seccional Antioquia advirtió que el reciente laudo arbitral que condenó a la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) en el caso de Ruta al Mar S.A. no constituye un hecho aislado, sino el reflejo de una problemática estructural en la gestión de contratos de concesión en Colombia.
El pronunciamiento del gremio se da tras la decisión arbitral conocida en días recientes, la cual, según la CCI, ratifica la solidez del modelo de Asociaciones Público-Privadas (APP) en el país. De acuerdo con el comunicado, el fallo demuestra que los contratos son exigibles, que la asignación de riesgos está claramente definida y que los mecanismos de resolución de controversias funcionan de manera efectiva.
Sin embargo, más allá de este reconocimiento, el gremio subrayó que el caso evidencia una situación más profunda: la creciente recurrencia de conflictos contractuales entre concesionarios y el Estado.
“La mayoría de las concesiones de infraestructura en Colombia enfrentan situaciones similares, acudiendo a mecanismos de resolución de controversias para lograr el reconocimiento de riesgos asumidos contractualmente por el Estado”, señaló la CCI Antioquia.
Una alerta sobre capacidad institucional
Para el gremio, cuando estos casos dejan de ser excepcionales y se convierten en tendencia, el problema trasciende proyectos específicos y revela debilidades en la capacidad institucional para administrar contratos de concesión.
Esta situación, advierten, podría tener implicaciones relevantes sobre la sostenibilidad del modelo concesional, clave para el desarrollo de infraestructura en el país y para la atracción de inversión privada.
En ese sentido, la CCI hizo un llamado urgente a las entidades del Estado para fortalecer los mecanismos de gestión contractual y garantizar el restablecimiento del equilibrio económico en los proyectos, una condición esencial dentro de los esquemas APP.
Seguridad jurídica en riesgo
El gremio también enfatizó que la seguridad jurídica es un pilar fundamental para el desarrollo de infraestructura, y su deterioro podría afectar la confianza de los inversionistas.
“El caso de Ruta al Mar debe interpretarse como una señal de alerta que exige respuestas estructurales”, concluyó la organización.
El pronunciamiento se da en un contexto en el que Colombia continúa apostándole al modelo APP como motor de desarrollo vial, logístico y de competitividad, lo que hace aún más relevante la estabilidad contractual y la eficiencia institucional.