Bogotá, febrero 19 de 2026. El presidente Gustavo Petro anunció la expedición de un decreto provisional que mantiene el aumento del 23,7 % del salario mínimo legal mensual vigente para 2026, equivalente a $ 2 millones, decisión que fue presentada ante el Consejo de Estado para dar cumplimiento a una medida cautelar de ese alto tribunal.
El mandatario explicó que el nuevo decreto conserva el incremento fijado en diciembre de 2025 y reemplaza el Decreto 1469 del 29 de diciembre, cuya aplicación fue suspendida transitoriamente mediante auto del 12 de febrero de 2026.
“Es el mismo salario que decretamos en diciembre. No lo echamos para atrás y se entrega al Consejo de Estado cumpliendo sus órdenes”, afirmó el jefe de Estado durante una intervención en la Plaza de Bolívar de Bogotá.
Sustento técnico del nuevo decreto
Según el presidente, el documento incorpora estudios técnicos y económicos que respaldan la decisión, incluyendo análisis sobre salario relativo, productividad laboral y canasta mínima vital, en línea con lo dispuesto en el artículo 53 de la Constitución Política.
Petro aseguró que el decreto busca garantizar el principio de remuneración mínima vital y móvil, y lo calificó como “el primer salario vital” desde la Constitución de 1991, al considerar que integra criterios técnicos que sustentan su alcance social y económico.
La medida se da en un contexto de debate jurídico y económico sobre el impacto del incremento salarial en la inflación, el empleo y la sostenibilidad empresarial, especialmente para pequeñas y medianas compañías.
Debate sobre reformas estructurales
Durante su intervención, el mandatario también se refirió al estado de las reformas estructurales impulsadas por su Gobierno, particularmente las iniciativas de salud y pensiones.
Sobre la reforma a la salud, señaló que continúa estancada en el Congreso de la República y cuestionó que no haya avanzado en la Comisión Séptima. Según el presidente, el objetivo de la iniciativa es modificar el rol de las EPS dentro del sistema.
En cuanto a la reforma pensional, expresó preocupación por el tiempo que lleva en revisión en la Corte Constitucional, pese a haber sido aprobada por el Congreso. El mandatario cuestionó la demora en el pronunciamiento del alto tribunal.
Impacto económico y escenario institucional
El mantenimiento del incremento del 23,7 % mantiene el debate sobre su impacto en los costos laborales, la formalización del empleo y la dinámica inflacionaria en 2026. Analistas han advertido que un ajuste de esta magnitud puede tener efectos mixtos: por un lado, fortalece el ingreso real de los trabajadores; por otro, podría aumentar presiones sobre sectores productivos con menor margen financiero.
La decisión ahora queda en el ámbito del control judicial del Consejo de Estado, que deberá evaluar el nuevo decreto conforme a los criterios técnicos y legales incorporados.
Con este paso, el Gobierno busca sostener el aumento salarial mientras se resuelve el proceso jurídico, en medio de un entorno político y económico que mantiene abiertas las discusiones sobre reformas estructurales y sostenibilidad fiscal.
Mintrabajo publicó decreto
Al mismo tiempo, el Ministerio del Trabajo publicó el decreto 0159 del 19 de febrero de 2026, oficializando el ajuste provisional del salario mínimo vital en $1.750.905 sin el auxilio de transporte y con éste, $ 2 millones.
Precisó la cartera que, la vigencia está sujeta a la decisión de la sección Segunda, Subsección A, de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado.
El decreto sostiene que el alza se determinó según los parámetros de la Ley 278: inflación de 5.3%, productividad de 0.91%, contribución 2.81% de los salarios al ingreso nacional y 1.65% al mixto ponderado y estimación de crecimiento económico de 2.9% para 2025. En total, 13.9%.
Además, la canasta vital per cápita fue estimada en $873.441, según la Organización Internacional del Trabajo-OIT que, para una persona que devenga salario mínimo de 2025 llega a $711.750.
En síntesis, el 23.7% de alza del salario mínimo para 2026 provino del 13.9% de los parámetros de la Ley 278 y la brecha del salario vital.